La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este jueves mantener la fecha de la audiencia prevista para el próximo lunes 7 de julio en el expediente por la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Kirchner. El máximo tribunal penal del país desestimó un planteo del fiscal Mario Villar, quien había solicitado postergar la convocatoria.

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La audiencia está programada para el mediodía y tendrá como eje el análisis de los recursos vinculados a la ejecución de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. 

Entre ellos, se debatirá el pedido del Ministerio Público Fiscal para que la exmandataria cumpla su pena en una cárcel común, en lugar de hacerlo bajo arresto domiciliario, como dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 (TOF 2). Además, se abordarán las impugnaciones presentadas por la defensa respecto al uso de la tobillera electrónica y las restricciones a las visitas.

La decisión de rechazar el pedido de postergación fue adoptada por mayoría en la Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Ambos magistrados coincidieron en que el fiscal Villar no acreditó un perjuicio concreto por la fecha fijada, sino una “mera disconformidad”. El juez Gustavo Hornos, en disidencia, consideró que correspondía reprogramar la audiencia, consignó Infobae.

El encuentro se desarrollará luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Fernández, y tras la decisión del TOF 2 de que la pena se cumpla en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Para ello, el tribunal había tenido en cuenta razones de seguridad institucional, el intento de asesinato que sufrió la exmandataria en septiembre de 2022 y su edad —72 años—, que permite considerar alternativas al encierro en una unidad carcelaria.

Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cuestionaron esa decisión y pidieron que Casación ordene el traslado de la expresidenta a un penal del Servicio Penitenciario Federal, argumentando que no se verifican motivos excepcionales que justifiquen la prisión domiciliaria.

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Por su parte, los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy también apelaron la resolución del TOF 2, pero en sentido contrario: objetaron las condiciones del arresto, particularmente la obligación de portar una tobillera electrónica y las limitaciones al régimen de visitas. Denunciaron que solo familiares, médicos, abogados y custodios pueden ingresar libremente al domicilio, mientras que cualquier otra persona debe contar con autorización judicial.

La audiencia del lunes permitirá a todas las partes exponer oralmente sus argumentos ante los jueces de Casación, en un paso clave para definir cómo y dónde se ejecutará la condena de la ex presidenta.